La Memoria de la Fiscalía de 2009 muestra un incremento de la violencia familiar
Adrián es un joven de 16 años en tratamiento psicológico por ser violento con sus padres |
Dentro de la criminalidad en la jurisdicción de menores, destaca también la subida de los delitos de lesiones (17.887 frente a los 16.412 de 2008), que supone la cifra más alta desde 2002. También suben los robos con fuerza (de 8.225 en 2008 a 9.673 el pasado año) y los hurtos (de 7.669 a 8.520), mientras que se mantienen en los mismos niveles los robos con violencia o intimidación.
Ya en una perspectiva general, la criminalidad sigue su tendencia al alza con una subida del 1,5 por ciento. Madrid y Barcelona son las ciudades con más delitos, aunque viven situaciones contrapuestas. Mientras que en la primera, las denuncias por delitos bajan un 3,9 por ciento, en la segunda suben un 5 por ciento. Las mayores subidas corresponden a las provincias de Ávila, Almería, Cáceres, Zamora, Guipúzcoa y Palencia, todas entre el 10 y el 18 por ciento.
Los delitos contra la libertad crecieron un 6 por ciento, y también lo hicieron los delitos de robo con violencia o intimidación, con una ligera subida del 1.9 por ciento. Un dato similar muestran las denuncias por estafa. Además, suben casi un 15 por ciento los delitos contra los derechos de los trabajadores; un 70 por ciento de ellos se refieren a conductas contra la seguridad e higiene en el trabajo.
Asimismo, experimentan notables incrementos las falsedades (5,79 por ciento) y los delitos contra la Administración Pública (30 por ciento) y con la Justicia (23 por ciento).
En el otro lado de la balaza, los delitos contra la vida e integridad física descendieron un 2,5 por ciento, al igual que los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, que cayeron un 2.2, y los delitos contra al patrimonio, que lo hicieron en un 1.5 por ciento.
Resistencia autonómica para tutelar a los adolescentes problemáticos
La Fiscalía General del Estado (FGE) ha detectado "cierta resistencia" de las administraciones autonómicas a asumir la tutela y guarda de adolescentes de más de quince años debido a la ausencia de recursos económicos o el riesgo de asumir responsabilidades derivadas de su comportamiento. Así se desprende de la Memoria de la Fiscalía de 2009, que señala que la mayoría de los menores residentes en estos centros terapéuticos se encuentran en situación de desamparo y sólo algunos se acogen en guarda. Estos últimos son menores adolescentes cuyos padres, incapaces de abordar el trastorno conductual, y ante la inexistencia de recursos educativos o sanitarios, acuden a los servicios sociales. No obstante, la Fiscalía señala que "algunas comunidades autónomas exigen la previa declaración de desamparo para el ingreso en uno de estos centros" y, en algún caso, "ante la denegación de la guarda voluntaria o el silencio de la entidad pública, ha de ser el fiscal el que proponga la guarda judicialmente". Para esta entidad, la situación de este colectivo de jóvenes ilustra el "fenómeno emergente de la adolescencia disruptiva", cuyo abordaje, a su juicio, precisa de la "máxima coordinación" desde todos los ámbitos y la implantación de nuevas acciones y medidas.
Fuente articulo: ABC
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